La Corte Constitucional ha sostenido que el acceso a la justicia es fundamental, pues forma parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso. Se trata de una disposición ius cogens protegida por la normatividad internacional. De acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana y la Convención Americana sobre derechos Humanos, la aplicación de esa garantía, no sólo es exigible a nivel de las diferentes instancias que integran el poder judicial, sino que debe ser respetada por las naciones que aplican un estado de derecho.
Toda persona puede acceder a los órganos jurisdiccionales, cada vez que un interés suyo se vea afectado por la conducta de otra persona, pública o privada, dándole al Estado el monopolio de la administración de justicia.
Por ello me causó extrañeza que el Dr. Bocanegra, abogado y parlamentario, en una meliflua y babosa intervención en pro de sus propios intereses políticos, atacara a un aspirante a la Gobernación del Tolima, por haber demandado, al ser retirado abrupta e ilegalmente de un cargo público hace más de 8 años, donde la justicia le dio la razón y condenó al Estado a nivel nacional – no regional – por haber obrado infringiendo la ley, tratando además infamemente, de compararlo con la criticada actuación de Ingrid Betancourt.
Ingrid fue culpable determinante de su secuestro. Quien la rescató fue el Estado Colombiano, y si bien tenía pleno derecho a demandar, se consideró su actuar oportunista, irreverente, de ingratitud, lo cual no se da en el caso del candidato Luis Carlos Delgado, a quien pretenden absurdamente descalificar, por hacer cumplir las normas, defenderse del oprobio y ejercer sus derechos.
¡Qué mal ejemplo de un abogado y padre de la patria, que juró cumplir la Constitución y la ley! ¿En qué país estamos?
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