Monumento a la desidia

Da grima las lamentables condiciones de nuestro aeropuerto, gracias a la desidia y ausencia total de gestión del alcalde autista, a quien nada le interesa ésta que no es su ciudad natal, menos obras que no pueda adjudicar a dedo a través de la Gestora Urbana.

Perales tiene unas 1500 operaciones mensuales, en aeronaves de capacidades pequeñas debido a la escasa longitud de la pista, contando sólo con dos calles de rodaje, estrecha área de plataforma y pequeñísima terminal de pasajeros en una ciudad que ya superó los 500.000 habitantes. No se cumplen las normas de seguridad estándares y lo más afrentoso  es que en la terminal aérea llueve más adentro que afuera, por la indolencia de cambiar unas pocas tejas. Lo anterior estanca cualquier intento de progreso de una urbe que como Ibagué, quedó al rezago de otras similares.

Manizales va a inaugurar su nuevo aeropuerto del Café, como uno de los proyectos más importantes para la región que apoya Infi-Manizales, con una inversión superior a los 65 millones de dólares, con todas las condiciones técnicas, de infraestructura que permitirán el intercambio de bienes y servicios con el resto del país y del mundo.

 
Y mientras Barreto como Gobernador ejecutor obtiene gracias a su real liderazgo, una inversión superior a los 150 millones de dólares para la primera parte de la adecuación del aeródromo de Flandes, logrando convertirlo en un aeropuerto internacional de carga y de pasajeros, Chucho sólo consigue una risible inyección de recursos por parte de la Aerocivil para adelantar trabajos de maquillaje en la terminal aérea tolimense, que se llevarán a cabo hasta el 2014.

Definitivamente estamos contando los aciagos días que le quedan a esta nefasta administración municipal, donde sin duda alguna, ¡Ibagué está de último!

PROCURADURIA PIDE REVOCATORIA DEL PREDIAL.- VIERNES 16 DE JULIO DE 2010.

Regresando a nuestra columna de los viernes después de un breve receso, debo manifestar mi complacencia por lo sucedido, al pedir la Procuraduría la revocatoria de los actos administrativos que decretaron los avalúos catastrales, que permitieron el excesivo cobro o robo del predial a más de 120 mil contribuyentes, realizado contra viento y marea y a las carreras por la administración municipal.

Y porque conozco a la Doctora Gloria Esperanza Millán, sé que está seriamente respaldada jurídicamente y como lo afirmó: "Se desconoció el estatuto que regula este tipo de estudios. La Alcaldía contrató por valor de cuatro mil millones de pesos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, mediante la modalidad de prestación de servicios para que aplicara la actualización catastral cuando lo que se debió emplear en este caso era una consultoría. Adicionalmente, el IGAC contrató con otras personas las visitas domiciliarias. Fue un estudio improvisado que se hizo en los últimos días de 2009 y se entregó en enero de 2010, cuando el plazo establecido era 31 de diciembre".

En un comunicado de cinco páginas, la funcionaria también cuestionó la condición en la que se encontraban los funcionarios que realizaron las visitas a las viviendas de los habitantes de Ibagué. "No eran personas idóneas. La administración municipal debe devolver gradualmente el pago de este tributo a los contribuyentes", anotó la representante del Ministerio Público.

Todo ello había sido denunciado con antelación por este columnista en diversos medios de comunicación, y por otros distinguidos abogados como el Dr. Hernando Álvarez, quien presentó denuncia penal por estos hechos e inició una acción popular, que obviamente deberán tener en cuenta, las ilegalidades detectadas por la Procuraduría.

Pero ello era obvio, porque aquí no hay alcalde, sino un pelele autista y quien funge como tal es una extraña, “La Rubia Mirella”, a quien sólo le interesan los ingresos para hacer de las suyas con las adjudicaciones a dedo a través de la Gestora Urbana, que es otro tema sobre el cual se esperan pronto resultados de los organismos de control, por el carrusel de los 7 Ingenieros, que son los que siempre se ganan todos los contratos.

Y he aquí el dilema. La administración puede por mandato del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo revocar o no los actos que determinaron la actualización catastral y su cobro, pero deberán motivar su decisión jurídicamente probando que la Procuraduría no tiene la razón. Si revocan, aceptan la comisión de típicos punibles y deben encarar el proceso penal y el disciplinario y si no, de igual manera ya existe un pronunciamiento serio y ponderado, que lo que hace es demostrar que efectivamente se prevaricó, hubo asociación para delinquir, falsedad en documentos públicos y se violaron normas que ameritan sanciones disciplinarias ejemplarizantes. Es decir, por fin un órgano de control puso contra la pared y desenmascaró a unos hampones que nada han hecho por una ciudad que requiere de gente proba, de bien y por sobre todo…honesta para su merecido progreso.

Y ahora que no se diga que se estancaron las obras, pues la culpa exclusiva es de quienes obraron contrariando a la ley.