Regresando a nuestra columna de los viernes después de un breve receso, debo manifestar mi complacencia por lo sucedido, al pedir la Procuraduría la revocatoria de los actos administrativos que decretaron los avalúos catastrales, que permitieron el excesivo cobro o robo del predial a más de 120 mil contribuyentes, realizado contra viento y marea y a las carreras por la administración municipal.
Y porque conozco a la Doctora Gloria Esperanza Millán, sé que está seriamente respaldada jurídicamente y como lo afirmó: "Se desconoció el estatuto que regula este tipo de estudios. La Alcaldía contrató por valor de cuatro mil millones de pesos al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, mediante la modalidad de prestación de servicios para que aplicara la actualización catastral cuando lo que se debió emplear en este caso era una consultoría. Adicionalmente, el IGAC contrató con otras personas las visitas domiciliarias. Fue un estudio improvisado que se hizo en los últimos días de 2009 y se entregó en enero de 2010, cuando el plazo establecido era 31 de diciembre".
En un comunicado de cinco páginas, la funcionaria también cuestionó la condición en la que se encontraban los funcionarios que realizaron las visitas a las viviendas de los habitantes de Ibagué. "No eran personas idóneas. La administración municipal debe devolver gradualmente el pago de este tributo a los contribuyentes", anotó la representante del Ministerio Público.
Todo ello había sido denunciado con antelación por este columnista en diversos medios de comunicación, y por otros distinguidos abogados como el Dr. Hernando Álvarez, quien presentó denuncia penal por estos hechos e inició una acción popular, que obviamente deberán tener en cuenta, las ilegalidades detectadas por la Procuraduría.
Pero ello era obvio, porque aquí no hay alcalde, sino un pelele autista y quien funge como tal es una extraña, “La Rubia Mirella”, a quien sólo le interesan los ingresos para hacer de las suyas con las adjudicaciones a dedo a través de la Gestora Urbana, que es otro tema sobre el cual se esperan pronto resultados de los organismos de control, por el carrusel de los 7 Ingenieros, que son los que siempre se ganan todos los contratos.
Y he aquí el dilema. La administración puede por mandato del artículo 69 del Código Contencioso Administrativo revocar o no los actos que determinaron la actualización catastral y su cobro, pero deberán motivar su decisión jurídicamente probando que la Procuraduría no tiene la razón. Si revocan, aceptan la comisión de típicos punibles y deben encarar el proceso penal y el disciplinario y si no, de igual manera ya existe un pronunciamiento serio y ponderado, que lo que hace es demostrar que efectivamente se prevaricó, hubo asociación para delinquir, falsedad en documentos públicos y se violaron normas que ameritan sanciones disciplinarias ejemplarizantes. Es decir, por fin un órgano de control puso contra la pared y desenmascaró a unos hampones que nada han hecho por una ciudad que requiere de gente proba, de bien y por sobre todo…honesta para su merecido progreso.
Y ahora que no se diga que se estancaron las obras, pues la culpa exclusiva es de quienes obraron contrariando a la ley.
No hay comentarios:
Publicar un comentario