La intervención en política

Sin ánimo de inmiscuirme en asuntos disciplinarios, menos alegrarme por destituciones de nadie, pero sí de transmitir información sobre el tema, debo acotar que tanto el Constituyente como el legislador han pretendido, desde antaño, preservar la total imparcialidad, objetividad y transparencia dentro de la actividad de los servidores públicos para lograr que su función esté al servicio del Estado y de la comunidad, y por ello, en cuanto al proceso electoral, se han consagrado previsiones para que en manera alguna se parcialicen o inclinen el aparato estatal a favor de una determinada corriente, causa o movimiento político, ya que de tales prohibiciones depende la transparencia del proceso electoral. Utilizar la investidura para ponerla al servicio de cualquier candidatura lanza peligrosos mantos de duda que terminan deslegitimando nuestro ordenamiento jurídico y la propia democracia.

La Procuraduría ha venido sostenido que de acuerdo al artículo 127 Constitucional en su  Inc. 2 modificado por el Acto legislativo 02 de 2004, mientras no se promulgue un estatuto legal que fije las condiciones en las cuales el servidor público pueda participar en política, los límites de la permisión se encuentran en la misma Carta Constitucional y no se puede hacer uso de tal dignidad, para presiones o inducciones a los ciudadanos de este tipo, pues ello implica en el fondo un provecho indebido del ejercicio de la función pública, que está al servicio de todos los ciudadanos y no de los copartidarios políticos. Los servidores públicos no pueden afectar la neutralidad y la transparencia que deben primar en la satisfacción del interés general.

Hago votos para que el Dr. Pinto logre demostrar en la segunda instancia, que su actuar no fue intervención en política. Por lo pronto, dejo este testimonio para un futuro no muy lejano.

Los nuevos semáforos

Los semáforos son dispositivos de señalización que regulan, mejorando, (no empeorando como aquí sucede con los nuevos semáforos ubicados), la circulación de vehículos, bicicletas y peatones en vías, asignando el derecho de prelación. Por lo tanto, es de vital importancia que su selección y regulación sea precedido de un estudio exhaustivo del sitio y de las condiciones del tránsito, el cual no existe en Ibagué.

Aquí ya nos impusieron el pico y placa, ahora sin estudio alguno el día sin carro, que por su naturaleza son figuras  chocantes, facilistas, inútiles, inconducentes e inadecuadas.

Ibagué sin calles por su conformación morfológica, no puede copiar medidas de otras ciudades, y sin embargo se hace con un facilismo, que atrasa la urbe. La permanente congestión de las calles, que hoy existe por culpa del alcalde autista,  disminuye el índice de calidad de vida.

Para mejorar la movilidad se requieren mejores vías, la aplicación de las normas de tránsito   y mucho sentido común. Programar mejor los trabajos en las calles,  recoger la basura durante la noche, no permitir que las calles sean utilizadas como parqueaderos, poner en cintura a los constructores y empresas estatales que tapan a su antojo  las vías adyacentes a las obras, hacer cumplir los horarios a las empresas de carga. Para mejorar la movilidad hay que sincronizar los semáforos y regular sus tiempos.

Hay medidas, como los cambios de horarios en dependencias públicas, horarios escalonados en instituciones educativas y el establecimiento de la jornada continua, que, además, actuaría como un seguro reactivador de la economía y del desarrollo humano, porque concede a los trabajadores más tiempo libre para dedicar a la familia o a la recreación, lo que de paso estimula el consumo. 

Lo primero que debe hacerse para lograr la libre y ágil movilización en la ciudad es aplicar las normas de tránsito, lo cual en Ibagué no existe. No es con nuevos semáforos como se soluciona el problema de movilidad en Ibagué.

Y mientras tengamos un alcalde terco e ignorante, con intereses en comprar nuevos semáforos, nos llenaremos de ellos.

El silencio de los inocentes

Como estrategia para limitar la libertad de expresión y de prensa, el alcalde autista de Ibagué, ha dispuesto grandes sumas de dinero de los contribuyentes para acallar la oposición y las críticas objetivas de su pésima administración, a través de una diplomacia meliflua y babosa en los medios de comunicación, en aplicación fiel de los gobiernos de facto que vulneran la Constitución.

Hay que recordarle a Chucho y sus amanuenses lo dicho por Séneca: “el que teme demasiado a la crítica ajena, no es apto para gobernar”.  Lo mejor que le puede suceder a un mandatario, es contar con quienes le hablen de sus faltas, le recuerden las promesas de campaña y le hagan ver la verdad, sin ocultamientos que sólo conllevan a su desprestigio. Se le olvida que la crítica es el conjunto de juicios que responden al análisis de algo, que ésta es parte de la lógica que estudia los razonamientos de verdad, y que el buen columnista es antorcha que ilumina, jamás tea que alaba.

Quienes defendemos la moralidad de la desvergonzada desviación de recursos a los bolsillos de funcionarios, nos hemos visto abocados a renunciar a columnas de opinión desde donde en cumplimiento de deberes superiores, denunciábamos el robo descarado  de que estamos siendo objeto, lo cual nos obliga como ciudadanos de bien a variar  fundamentalmente la estrategia.

No existen antecedentes en la historia de Ibagué, de lo que está sucediendo. Y cuando ello es así, se convierte en hecho notorio que no requiere demostración, basta ver donde vivían y en donde viven quienes nos dicen dirigir, en que carros andaban y los que ahora regalan.

¡No hay derecho, nos roban en la cara y nadie dice nada!  Pero no podrán silenciar a quienes tenemos la razón. 

El derecho a demandar

La Corte Constitucional ha sostenido que el acceso a la justicia es fundamental, pues forma parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso. Se trata de una disposición ius cogens protegida por la normatividad internacional. De acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana y la Convención Americana sobre derechos Humanos, la aplicación de esa garantía, no sólo es exigible a nivel de las diferentes instancias que integran el poder judicial, sino que debe ser respetada por las naciones que aplican un estado de derecho.

Toda persona puede acceder a los órganos jurisdiccionales, cada vez que un interés suyo se vea afectado por la conducta de otra persona, pública o privada, dándole al Estado el monopolio de la administración de justicia.

Por ello me causó extrañeza que el Dr. Bocanegra, abogado y parlamentario, en una meliflua y babosa intervención en pro de sus propios intereses políticos, atacara a un aspirante a la Gobernación del Tolima, por haber demandado, al ser retirado abrupta e ilegalmente de un cargo público hace más de 8 años, donde la justicia le dio la razón y condenó al Estado a nivel nacional – no regional – por haber obrado infringiendo la ley, tratando además infamemente, de compararlo con la criticada actuación de Ingrid Betancourt.

Ingrid fue culpable determinante de su secuestro. Quien la rescató fue el Estado Colombiano, y si bien tenía pleno derecho a demandar, se consideró su actuar oportunista, irreverente, de ingratitud, lo cual no se da en el caso del candidato Luis Carlos Delgado, a quien pretenden absurdamente descalificar, por hacer cumplir las normas, defenderse del oprobio y ejercer sus derechos.

¡Qué mal ejemplo de un abogado y padre de la patria, que juró cumplir la Constitución y la ley! ¿En qué país estamos?

EL DIA SIN CARRO Y MOTO EN IBAGUE… ¿OTRA DISPARATADA?

El acuerdo aprobado por el Concejo sobre “El día sin carro y sin moto”, carece de los más elementales estudios técnicos, de diagnóstico, de impacto económico y de viabilidad.

No es más que una mala copia de una medida necesaria en ciudades donde la polución es gravísima, la movilidad es nula, el número de vehículos tanto privados como público sobrepasa su capacidad, y donde existen modalidades de transporte masivo organizado, una secretaría de tránsito modernizada y adecuada, ciclovías, una inversión en infraestructura apropiada, semaforización sistematizada y coordinada, mejoramiento de las condiciones de equidad y del transporte en áreas rurales, acceso al transporte público adecuado, solución a problemas de parqueo, arreglo de la red vial, uso del suelo, zonas peatonales agradables con seguridad, etc., careciendo Ibagué de todo ello y lo más grave sin problema de movilidad, ya que el Alcalde autista de Ibagué, me respondió a un derecho de petición sobre el tema, el 25 de enero del presente año, mediante el oficio No. 02101, afirmando que aquí no existe ese problema y que se implementaría una solución hacia el futuro con el programa de “ciudades amables”, del cual quedamos por fuera en Colombia solamente Villavicencio e Ibagué, ya que por un descuido inexplicable no se entregaron los documentos que hacían parte de la gestión que el municipio de Ibagué debió adelantar para lograr el documento Conpes, como instrumento indispensable para la asignación del 70 por ciento de los recursos por parte del Gobierno nacional, quedando por fuera del programa, debiendo continuar con las busetas y buses contaminantes, grave accidentalidad y la guerra del centavo.

Si como lo sostuvo el secretario de Tránsito, se realizan en un día típico 684 mil 759 viajes, de los cuales el 40,3 por ciento se hace en transporte público colectivo, el 7,9 por ciento en automóvil, el 32,5 por ciento en medios no motorizados y el 19,5 por ciento en otros modos, incluyendo la moto que representa el 10,5 por ciento del total ¿no es una cifra insignificante como para adoptar tamaña medida restrictiva?

En ciudades como Bogotá, la administración realizó en el año 2000 una consulta popular, conforme a la ley 134 de 1994 sobre el día sin carro, que le dio el soporte requerido y la necesaria socialización para la obligatoria participación ciudadana frente a una medida tan drástica y restrictiva de derechos fundamentales.

Allí, obedeció a un juicioso estudio ejecutado por expertos en el tema, que se denominó “Diseño de alternativas para un programa integral de la demanda de transporte para la ciudad de Bogotá”, Informe que contiene la evaluación de estrategias y acciones de MDT realizadas en el pasado, un análisis de experiencias internacionales de MDT, un programa integral del Manejo de Demanda de Transporte de acuerdo al abanico de cinco alternativas con sus actividades, acciones, estrategia, actores y sus respectivos replanteamientos, la priorización de las alternativas con base en las visualizadas (impacto, viabilidad, efecto y costo), basados en recomendaciones ponderadas del Banco Mundial, utilizando ampliamente información y textos, traducidos por el consultor, que aparecen en “TDM Encyclopedia” del Victoria Transport Policy Institute y World Bank, Cities on the move: “a world bank urban transport strategy review, 2002”. O el tratado temático de Cracknell, John A, “Experience in Urban Traffic Management and Demand Management in Developing Countries, Worlbank, 2000, o el de “Experience in Urban Traffic Management and Demand Management in Developing Countries, Worlbank, 2000”.

Me imagino que tanto los concejales proponentes del absurdo acuerdo, como el ponente, el alcalde, el secretario de tránsito y el de planeación ya conocen y analizaron todos estos estudios, y los aplicaron a nuestra ciudad, previamente a aprobar una norma de tal magnitud.

Dentro de viables conceptos de planeación, es altamente deseable la consolidación de nuevos centros o ciudades dentro de la ciudad, que permitan la realización de un número importante de viajes dentro de ella; este tipo de estrategia puede contemplar la construcción de equipamiento urbano dentro de la misma zona: iglesias, comercios, colegios, guarderías, restaurantes, bancos, desestimulando el uso de vehículos.

Pero nosotros estamos demasiado atrasados en todo ello, en donde además, no existe estudio alguno que recomiende la medida, la analice y brinde las pautas de su implementación adecuada.

Continuando Ibagué con esa alta tasa de desempleo, sin calles transitables, sin transporte masivo, con semáforos locos, sin autoridad de tránsito, sin vías peatonales ni ciclorutas, no se a que mentes brillantes se les ocurrió tamaña idea, con el impacto socio-económico que ello conlleva y cuyo análisis es igualmente quimérico.

¡Se rebosó la copa!

Julio 29 de 2010 

Como si no fuera suficiente el desgobierno que padecemos, con intentos de raponazo a los bolsillos de los ibaguereños con falsos estudios para incrementar el predial, los dos mil ochocientos millones que costó el Call Center, la compra de lujosos vehículos oficiales para atender asuntos personales, el carrusel de la contratación a dedo en la Gestora, el millonario que se hizo a través de terceros para la falacia de “Mi buen comienzo”, los engaños electoreros de hospitales que terminan en centros de salud, la desidia con el aeropuerto, los viajes de paseo a Europa, el permanente abandono del cargo del elegido, el poco claro negocio de las basuras, la compra de conciencias de algunos directores de noticieros, la absurda negativa a permitir que una multinacional realizara el sistema aerotransportado, los contratos con esposos de hijastras, la educación y salud al garete, la inseguridad rampante, los oscuros acuerdos para la adecuación del Pot, la cerviz agachada de quienes deben hacer el control político, fiscal y disciplinario a nivel municipal, la prepotencia de unos concejales que desconocen sus competencias, el costoso regalo de vehículo para mantener una apariencia, la lujosa mansión que se levanta en Calambeo etc., ahora resulta que por un descuido inexplicable no se entregaron los documentos que hacían parte de la gestión que el municipio de Ibagué debió adelantar para lograr el documento Conpes, como instrumento indispensable para la asignación del 70 por ciento de los recursos por parte del Gobierno nacional, quedando por fuera del  programa de “ciudades amables”, debiendo continuar con las busetas y buses contaminantes, y el amado deportes Tolima seguramente deberá jugar el Suramericano en representación de Colombia en otra ciudad, por el abandono del estadio por parte del autista Chucho. ¿Y sin embargo Ibagué está primero?

Monumento a la desidia

Da grima las lamentables condiciones de nuestro aeropuerto, gracias a la desidia y ausencia total de gestión del alcalde autista, a quien nada le interesa ésta que no es su ciudad natal, menos obras que no pueda adjudicar a dedo a través de la Gestora Urbana.

Perales tiene unas 1500 operaciones mensuales, en aeronaves de capacidades pequeñas debido a la escasa longitud de la pista, contando sólo con dos calles de rodaje, estrecha área de plataforma y pequeñísima terminal de pasajeros en una ciudad que ya superó los 500.000 habitantes. No se cumplen las normas de seguridad estándares y lo más afrentoso  es que en la terminal aérea llueve más adentro que afuera, por la indolencia de cambiar unas pocas tejas. Lo anterior estanca cualquier intento de progreso de una urbe que como Ibagué, quedó al rezago de otras similares.

Manizales va a inaugurar su nuevo aeropuerto del Café, como uno de los proyectos más importantes para la región que apoya Infi-Manizales, con una inversión superior a los 65 millones de dólares, con todas las condiciones técnicas, de infraestructura que permitirán el intercambio de bienes y servicios con el resto del país y del mundo.

 
Y mientras Barreto como Gobernador ejecutor obtiene gracias a su real liderazgo, una inversión superior a los 150 millones de dólares para la primera parte de la adecuación del aeródromo de Flandes, logrando convertirlo en un aeropuerto internacional de carga y de pasajeros, Chucho sólo consigue una risible inyección de recursos por parte de la Aerocivil para adelantar trabajos de maquillaje en la terminal aérea tolimense, que se llevarán a cabo hasta el 2014.

Definitivamente estamos contando los aciagos días que le quedan a esta nefasta administración municipal, donde sin duda alguna, ¡Ibagué está de último!